Considerando que desde hace 509 los pueblos nuestros, pueblos primeros, han construido su propio camino, frente a la Conquista y la dominación del poderoso, y que la autonomía es el proyecto histórico de nuestros pueblos. La autonomía, como expresión de nuestra antigua resistencia y libre voluntad, significa hacer valer nuestras propias decisiones a partir de la organización propia, con independencia de los poderes políticos, económicos y culturales que nos oprimen. El caminar de nuestros pueblos enfrenta hoy en día las políticas neoliberales que impulsan los grandes centros del capital transnacional a través del gobierno foxista, puesto que dichas políticas pretenden la destrucción definitiva de nuestra autonomía, el desmantelamiento de nuestras culturas, de nuestros saberes y el despojo descarnado de nuestras tierras, territorios y recursos naturales, acrecentando la pobreza y la migración de nuestras familias, así como la entrega de nuestras riquezas naturales a las grandes empresas.
El proyecto histórico de nuestros pueblos se construye cotidianamente, junto a las luchas que impulsa el pueblo de México para conquistar su liberación y una sociedad más digna, con libertad, justicia y democracia. La base de la autonomía de nuestros pueblos se encuentra en la defensa de la tierra y el territorio, así como en el manejo soberano de los recursos naturales que nace de la Madre Tierra y que se encuentran dentro de los territorios que nos pertenecen o que utilizamos de una u otra forma.
La propiedad comunal de dichos territorios, la organización comunal, el trabajo colectivo o tequio, los sistemas de cargos, las fiestas y tradiciones, la organización social y política, los sistemas normativos propios y todas nuestras expresiones culturales, son los elementos constitutivos de nuestros pueblos y de la autonomía que cotidianamente ejercemos. La costumbre de nuestros pueblos, su tradición y sus creencias, su cultura y organización comunal milenarias en torno al cultivo del maíz y el trabajo familiar y colectivo de la milpa, son la guía de nuestro largo caminar. Nuestros pueblos y comunidades, en diverso grado y forma, han perdido parte de esos elementos que los identifican y les permiten existir como pueblos indígenas, tratando, hoy en día, de recuperar o consolidar dichos elementos y reforzar la autonomía a través de la organización propia.
Nuestros pueblos y comunidades deben contrarrestar todos aquellos factores que debilitan su unidad, su identidad y el ejercicio de su autonomía, como es el caso de los partidos políticos y las diversas expresiones religiosas que han provocado fuertes divisiones al seno de nuestras comunidades y han debilitado nuestro tejido comunal, además de incorporar elementos culturales y organizativos ajenos a la tradición de nuestros pueblos.
Hoy en día las políticas neoliberales que impulsa el gobierno foxista, en acuerdo con los grandes centros financieros mundiales, y que se expresan en planes y programas como el llamado Plan Puebla-Panamá, pretenden la privatización masiva de nuestros territorios, la desarticulación de la propiedad comunal de nuestros pueblos y la apropiación, por parte de grandes consorcios mundiales, de nuestras riquezas naturales y de nuestros saberes ancestrales.
Al amparo de las modificaciones que en 1992 se hicieron al artículo 27 Constitucional se impulsan dichos procesos privatizadores y se generan cambios legislativos en dicha lógica, con el fin de promover la privatización de nuestros recursos naturales. Tanto la bioprospección de los recursos genéticos que se encuentran en nuestros territorios, que para nosotros es simple y llana biopiratería, como los programas de certificación en ejidos y comunidades, tienen un solo fin: la destrucción de nuestra organización comunal y la apropiación privada de nuestros recursos.
La Reforma Constitucional en Materia Indígena publicada el 14 de agosto del 2001 de abril de este año no sólo niega el reconocimiento de los derechos colectivos de nuestros pueblos que se recogen en los Acuerdos de San Andrés, sino que adicionalmente reduce derechos ya ganados por nuestros pueblos y contradice el contenido del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Sin duda alguna, dicha reforma se enmarca dentro de las políticas neoliberales que desde el poder son impulsadas. Pero adicionalmente exhibe una política de Estado que tiene como fin la destrucción etnocida de nuestros pueblos y descubre la actitud mentirosa del presidente Fox, a quien desconocemos como representante de los intereses de la Nación por no representar sino al pequeño grupo de empresarios y capitalistas financieros transnacionales que hoy se han apropiado del país. Ante la reforma citada nuestras comunidades impulsaron y siguen impulsando acciones tendientes a descubrir su ilegitimidad e ilegalidad.
Las comunidades nuestras han combinado la publicación de manifiestos y pronunciamientos, con la toma de congresos locales; la realización de foros y asambleas regionales, con el ejercicio de acciones legales y demandas de inconstitucionalidad. También nuestros pueblos han profundizado en el ejercicio de su autonomía a través de declaratorias suscritas por comunidades, o por medio de acciones directas para el ejercicio de sus derechos históricos. La decisión de nuestros pueblos y comunidades es firme: sin reconocimiento o con reconocimiento legal seguirán impulsando el ejercicio de su autonomía y de sus derechos. No esperaremos a que el Estado mexicano haga el reconocimiento de nuestra existencia y de nuestros derechos, el reconocimiento de la sociedad civil lo tenemos ganado, caminaremos nuestro propio camino como siempre lo hemos hecho.
Con el fin de impulsar su proyecto neoliberal y frenar la digna lucha de nuestros pueblos, el sistema utiliza al Instituto Nacional Indigenista como instrumento de control, a través de la ejecución de programas asistencialistas que, adicionalmente, dividen a nuestras comunidades, y de la cooptación directa de dirigentes indígenas que son incorporados a puestos directivos dentro de dicha dependencia.
También promueve la construcción de organizaciones indígenas de corte oficialista que tienen como fin debilitar al CNI y la influencia del EZLN en el movimiento indígena nacional. El sistema también ejerce el terror de Estado en contra de las organizaciones que no se doblegan y, mediante la violación sistemática de los derechos humanos, la utilización del ejército y de grupos paramilitares, así como el asesinato y el acoso, pretende frenar la lucha de nuestras comunidades.
En el plano internacional los grandes centros de poder neoliberal impulsan, bajo el pretexto de la guerra contra el terrorismo, una política de auténtico terror que está provocando el exterminio de pueblos enteros en Asia Central y que amenaza con extenderse en contra de los movimientos de liberación nacional y de reivindicación étnica que en todo el mundo atentan contra la salvaje globalización neoliberal que hoy en día unos cuantos imponen a millones.
Las 86 comunidades y organizaciones, provenientes de 15 estados de la República, correspondientes a 30 pueblos indígenas del país, convocadas y reunidas en esta Octava Asamblea Nacional del Congreso Nacional Indígena hacemos la siguiente Declaración:
Rechazamos rotundamente la Reforma Constitucional del 28 de abril pasado. Ratificamos en cambio todos aquellos documentos (como el Manifiesto del Primero de Mayo y el Llamamiento al Pueblo de México) a través de los cuales el CNI ha expresado su rechazo a la Ley aprobada.
Exigimos el cumplimiento cabal de los Acuerdos de San Andrés, mediante su incorporación a la Constitución General de la República, según la traducción jurídica que representa la “Ley Cocopa”.
No aceptamos sino el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, rechazando las posiciones que han expresado diversos sectores de la sociedad y del gobierno con relación a que es el momento de buscar un cumplimiento parcial de los Acuerdos de San Andrés, o la revisión de los mismos, ya sea en la forma o en el fondo, o mediante la reforma de la reforma constitucional del 28 de abril.
En apego a las acciones de autonomía que nuestros pueblos han impulsado y siguen impulsando, así como a las declaratorias de autonomía emitidas por el pueblo p’urhépecha, el pueblo nahua de Michoacán y las comunidades indígenas del Anáhuac, elevamos los Acuerdos de San Andrés a ley propia de los pueblos indígenas del país, rechazando la aplicación, en nuestras comunidades, de la reforma constitucional del pasado 28 de abril.
Rechazamos la elaboración de leyes federales o locales en materia indígena en tanto no se incorporen los Acuerdos de San Andrés a la Constitución.
Haremos efectivos los Acuerdos de San Andrés mediante el ejercicio cotidiano de la autonomía indígena, la construcción de autonomías comunales, municipales, regionales y la reconstitución integral de nuestros pueblos. Impulsaremos la elaboración de estatutos comunales como instrumentos legales básicos para el reconocimiento del ejercicio de nuestra autonomía.
Impulsaremos talleres y foros comunitarios y regionales sobre los derechos indígenas y los Acuerdos de San Andrés, así como para la recuperación de las lenguas indígenas, para la transmisión de saberes y experiencias locales, así como para profundizar en cada uno de los aspectos que comprenden un modelo de desarrollo propio. Fortaleceremos la organización de las diferentes regiones en donde existen pueblos, comunidades y organizaciones indígenas para construir un espacio nacional que sea una expresión más cercana del sentir de las comunidades y pueblos.
Generaremos proyectos de autodesarrollo acordes a la cosmovisión de nuestros pueblos, que protejan las tierras y territorios de nuestras comunidades y que promuevan la participación de la mujer y la protección efectiva de sus derechos.
Profundizaremos en la autonomía territorial de nuestras comunidades, expresada fundamentalmente en el manejo soberano, por parte de éstas, de los recursos naturales que les pertenecen o que utilizan para su reproducción material y espiritual.
Promoveremos proyectos productivos desde nuestras regiones que se encaminen a disminuir la migración y tiendan al control de todos los aspectos del proceso productivo, poniendo énfasis en la comercialización de nuestros productos sin intermediarios y a través de redes de consumo propias.
Como Congreso Nacional Indígena, denunciamos y repudiamos la violación sistemática de los derechos humanos, el artero asesinato de la hermana Digna Ochoa y de otros hermanos y hermanas que luchan dentro del movimiento indígena o a su lado, así como las actuales políticas del Instituto Nacional Indigenista. En la misma lógica rechazamos también la propuesta de reforma fiscal foxista y exigimos políticas sociales más justas y equitativas.
Rechazamos también la cruzada terrorista del gobierno estadounidense en contra de la humanidad.
Exigimos la liberación de todos los presos políticos indígenas y no indígenas que luchan por la construcción de una sociedad más justa y libre. Específicamente demandamos la liberación de los hermanos zapatistas presos y de los dos pescadores p’urhépechas. Exigimos la desmilitarización de Chiapas y de todas las regiones indígenas del país.
Denunciamos la contaminación de nuestras variedades de maíz con materiales transgénicos en todos los casos, no sólo en donde han sido documentados como en Puebla, Guanajuato y la Sierra Juárez, Oaxaca. Exigimos al gobierno mexicano el cese inmediato de la introducción de granos contaminados al país y que se realice un estudio que localice las regiones exista este tipo de contaminación biológica de nuestros recursos alimentarios, incluyendo maíz, frijol y jitomate, entre otros. Apoyamos decididamente las exigencias de las autoridades comunales de la Sierra Juárez en su rechazo a la contaminación del maíz en su región.
Impulsaremos una red de comunicación y de diálogo de todas las comunidades y organizaciones que integran el Congreso Nacional Indígena para consolidar su poder de convocatoria, con el fin de incorporar a todos los pueblos indígenas del país e impulsar una adecuada articulación con otras organizaciones de la sociedad civil.
El modelo de desarrollo propio que promovemos, como encarnación de nuestro proyecto histórico de autonomía, debe considerar como principios el ejercicio de la autonomía comunal y municipal, la consolidación de los sistemas normativos propios, el fortalecimiento de nuestra organización tradicional, el reconocimiento de las autoridades internas, la defensa irrestricta de la tierra y el territorio, la igualdad de la mujer y el hombre, así como el resurgimiento o fortalecimiento de la espiritualidad de nuestros pueblos, de su cosmovisión y de sus formas de entender la vida en forma integral y en relación con la madre tierra y todo lo que existe. En ese sentido, denunciamos y repudiamos el proyecto de construcción de la nueva terminal aérea en tierras ejidales de Texcoco, Atenco y Chimalhuacán, y nos sumamos a la justa lucha de los pueblos originarios de aquella región.
Finalmente, nuestro modelo de desarrollo propio deberá ir a la raíz misma de la existencia de nuestros pueblos y fomentar el cultivo del maíz y la cultura que ancestralmente hemos construido en torno a dicho cultivo. También deberá oponerse a la introducción de organismos genéticamente modificados que atentan contra la seguridad alimentaria de la nación y pueden provocar la dependencia de nuestros pueblos en la adquisición del maíz.
Llamamos a todos los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas del país a no detener la lucha por el reconocimiento pleno de nuestros derechos, a seguir construyendo el camino propio y tejer las alianzas necesarias desde el nivel más local, pasando por el nivel regional hasta el nacional para consolidar un movimiento opositor, crítico y consecuente que nos permita defender nuestros territorios, nuestra cultura, nuestros recursos, nuestras formas de organización, nuestros gobiernos propios y nuestra visión del mundo. No podemos seguir sólo denunciando las violaciones a nuestros derechos colectivos. Debemos generar alternativas que nos permitan retomar nuestro camino y nuestro futuro.
Atentamente
Por la reconstitución integral de nuestros pueblos
Nunca más un México sin Nosotros
Congreso Nacional Indígena México, Distrito Federal, a 20 de noviembre del año 2001
