México, a 20 de diceimbre de 2017
A los pueblos de México y el mundo,
A La Sociedad Civil organizada
A Los Poderes de la Unión,
A los medios de comunicación nacionales e internacionales,
Los municipios de Aquila, Chinicuila, Coahuayana, Coalcomán y Tepalcatepec, quienes hemos conformado el Concejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra-Costa Michoacán hacemos el siguiente pronunciamiento respecto a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior:
1. Nos oponemos a la aprobación, sanción y promulgación de la Ley de Seguridad Interior porque constituye un golpe de Estado orquestado dentro del seno del poder para entregarle facultades desmedido a las fuerzas armadas de México y a su comandante supremo, el presidente de la república. Esta ley pretende entregar capacidades inimpugnables a los mandos castrenses y continuar con la militarización del territorio nacional.
2. En nuestro territorio, el 19 julio del año 2015, el ejército mexicano violó los usos y costumbres de la comunidad indígena de Santa María Ostula, arrestando a su comandante Cemeí Verdía; en el operativo se hirieron a más 10 comuneros y un soldado asesinó de un tiro al niño, Hidelberto Reyes García, quien se encontraba dentro de un restaurante. Hasta la fecha, la Procuraduría General de la República no ha consignado a ninguno de los soldados responsables que participaron en tal operativo. Esta es la forma en la que las fuerzas armadas han custodiado la seguridad interior. Al pueblo de México le decimos que esta ley es para hacer de todo el territorio nacional un campo de exterminio.
3. Los pueblos que firmamos el presente comunicado, hemos encontrado vías de brindar seguridad píblica a través de la autogestión, el respeto a los derechos humanos y la democratización de la seguridad pública, esto último significa, que en cada una de nuestras poblaciones el pueblo participa en la selección y nombramiento de los miembros policiacos. Desde nuestra consolidación en 2013-2014, en nuestros territorios, los únicos que han hecho delitos han sido los soldados que mataron a Hidelberto y que con anterioridad han cometido otras vejaciones en contra de la población.
4. La seguridad interior que nos ofrecen es una seguridad de represión y totalitarismo. La constitución en su artículo 29 prevee un procedimiento constitucional para suspender garantías e incluso declarar desapercidos los poderes. Este procedimiento es colegiado y participan en él, el ejecutivo, el procurador general, la cámara de senadores y la de diputados. Este procedimiento nunca se ha observado porque el ejecutivo federal, de facto, ha irrumpido para violar garantías. Lo que prentende la Ley de Seguridad Interior es hacer permanente el estado de excepción y entregarle al presidente de la república la única facultad para regirlo a su discreción. Esto es hacer una Ley que le entrega poderes ilimitados a un solo hombre. Con una ley similar muchos dictadores han consolidado sus régimenes de horror y muerte.
5. La seguridad interior no es lo mismo que la seguridad pública; la seguridad pública tiene como fin defender a las personas, mientras que la seguridad interior tiene como fin proteger a las instituciones del Estado. La Ley que se ha aprobado es una ley contra las personas. Es una Ley contra quienes se organizan para una vida mejor. Para combatir criminales ya hay leyes de seguridad pública. Esta Ley es para someter cualquier manifestación popular, llamadas por los fascistas, «desorden púbico».
Por lo expuesto exigimos:
1. Que el presidente Enrique Peña Nieto vete La Ley de Seguridad Interior.
2. Seguridad y justicia para quienes habitan México.
3. Castigo a los responsables del homicidio del niño Hidelberto Reyes García.
4. Cese a la persecución contra nuestros comandantes y líderes que sólo pretenden construir la seguridad en los pueblos de nuestra región.
Concejo Ciudadano por la Seguridad de los Municipios Libres y Unidos de la Sierra-Costa de Michoacán