Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán a 21 de junio de 2021
A todos los medios de comunicación nacionales e internacionales
A la sociedad civil
A las organizaciones sociales, colectivos y grupos de trabajo
A los organizaciones de defensa de los derechos humanos y asociaciones civiles
A los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
A quien corresponda
La comunidad de Santa María Ostula anuncia en conferencia de prensa que, a través de su equipo de asesoría jurídica, hará entrega del recurso de amparo directo 203/2020 al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, así como al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar que esta última instancia federal atraiga el juicio agrario 78/2004 y resuelva favorablemente a los intereses de defensa de la propiedad comunal.
Es preciso recordar que desde el año 2004, supuestos pequeños propietarios reclamaron a través de una demanda en el Tribunal Unitario Agrario No.38, la propiedad de las tierras que en aquel entonces se conocían como la Canaguancera y en donde hoy está construida la localidad de San Diego Xayacalan, gracias al esfuerzo de muchos comuneros y comuneras que han luchado e incluso han perdido la vida a manos de la violencia organizada.
Quienes interpusieron esta demanda quieren la propiedad legal de esta tierra para poder operar libremente y llevar a cabo diferentes proyectos entre los que se encuentran la ampliación de la mina de la empresa Ternium (ubicada en la cabecera municipal de Aquila); la posibilidad de un desarrollo turístico, ya que estas tierras tienen alrededor de 2 km de playa vírgen; además de retomar las actividades de descarga de drogas y empaque para ser trasladadas por tierra a otros rutas de trasiego.
En décadas recientes es con algunos habitantes de un poblado vecino llamado La Placita con quienes hemos tenido conflicto. Se trata de un grupo de personas que dicen ser propietarios de más de mil 250 hectáreas de nuestro territorio. Ahora estamos iniciando una nueva etapa en este juicio agrario. Durante todos estos años, los que se nombran pequeños propietarios no sólo han intentado construir casas o vender pedazos de tierra, también han conformado grupos armados para intimidarnos.
Nuestra lucha viene de muy atrás, hemos siempre procurado que nuestro territorio esté libre de explotación y de destrozos, nos preocupamos porque quienes habitan la comunidad tengan una vida tranquila, que disfruten de las cosas bellas que tenemos y puedan contar con un desarrollo laboral, cultural y educativo pleno. No es fácil siendo una comunidad nahua en un país que desprecia a los pueblos originarios y los trata de exterminar, o de convertir en mano de obra barata, un país que nos roba nuestros recursos naturales, que nos asesina y que protege y fortalece a grupos criminales. Podemos decir, con toda seguridad, que quienes nos matan y nos amenazan son quienes conforman la violencia organizada: funcionarios, partidos políticos, empresarios, traficantes de madera, de estupefacientes y mineras.
Tras algunos intentos de hacer valer ante la ley algunas mediciones de nuestra comunidad que toman los puntos de referencia fundamentales y los títulos primordiales expedidos en el siglo XVIII, el Tribunal Agrario desestimó estos procedimientos dando preferencia a los pequeños propietarios por lo que emitió en algunas ocasiones sentencias en contra de la comunidad.
El 29 de junio de 2009, Santa María Ostula recuperó las tierras en disputa con el objetivo de llevar a cabo la construcción de Xayacalan. Desde este momento, la respuesta de quienes nos demandaron se convirtió en una ofensiva de violencia y muerte que dejó un saldo de 35 personas asesinadas y 6 personas desaparecidas. De estos agravios no hay avances en la aplicación de justicia, no ha habido investigación pese a que se han hecho denuncias jurídicas y en la opinión pública.
Han sido las estrategias jurídicas propuestas por el abogado de la comunidad, sumadas a la lucha social y política de la comunidad, así como la comunicación, lo que ha permitido que Ostula mantenga su territorio en posesión por la vía de los hechos.
Durante estos años, desde la recuperación de las tierras en 2009, a pesar de que muchas familias tuvieron que irse o esconderse, logramos mantener viva la Asamblea General, así como otras instancias de toma de decisiones. Se trata de instituciones comunales que ha mantenido Ostula desde hace más de 450 años, entre ellas una Guardia Comunal que protege y otorga seguridad permanente. Se ha logrado retomar la vida pública y en ella ha florecido la educación, la cultura, el deporte, las tradiciones religiosas y las actividades agrícolas y de turismo que son la base de la economía local.
Lo anterior no ha estado exento de nuevas agresiones por parte de estos grupos criminales, partidos políticos, funcionarios del gobierno estatal, fuerzas de seguridad como el ejército o la marina, de traiciones por parte de algunos elementos de la comunidad que se han coludido con los agresores que hemos mencionado.
Estamos en un punto crucial en términos jurídicos, ya que de perder el juicio, en realidad lo peor estaría por venir: la destrucción del lugar en donde viven cientos de familias, el desconocimiento de la propiedad comunal de la tierra, los derechos fundamentales a los que tienen derecho las personas nahuas que habitan en Ostula y que tienen fundamente en el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México y con un nivel de ley, así como el artículo 2 de la Constitución Mexicana, por mencionar algunos fundamentos legales.
Por ello extendemos esta invitación para escuchar a la comunidad y dialogar con ella y saber más de la historia de lucha en la región de la sierra-costa michoacana.
La cita es a las 12:30 del día (hora del centro de México) en el siguiente enlace: https://meet.jit.si/NoisyDiplomatsShopGently
Contaremos con la presencia de:
-Autoridades comunales de la comunidad.
-Miembros del equipo jurídico.
-Carmen Ventura, doctora en Ciencias Sociales del Colegio de Michoacán (COLMICH).
-María de Jesús Patricio, Marichuy, miembra del Congreso Nacional Indígena y vocera del Consejo Indígena de Gobierno (CNI_CIG)
Atentamente
Comisión de Comunicación de Santa María Ostula
“Nunca más un México sin nosotros”