Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A los Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales
Al Pueblo de México
A los Medios Libres y Autónomos
17 de enero de 2025
Hermanos y Hermanas:
Hoy, 17 de enero, se cumplen cinco años de la masacre ocurrida en Mexcalcingo, Chilapa de Álvarez, Guerrero, donde diez de nuestros compañeros y compañeras del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) fueron brutalmente asesinados, torturados y calcinados por el grupo narco-paramilitar “Los Ardillos”. Ellos se dirigían a la comunidad de Alcozacán para tocar en Tlayelpan como parte del grupo musical “Sensación”.
Entre las víctimas, se encontraba un menor de apenas 15 años. Esta masacre no fue un hecho aislado, sino parte de una historia de violencia y exterminio
sistemático que nuestros pueblos indígenas de Guerrero han sufrido a manos de estos grupos narco-paramilitares que están coludidos y protegidos por los presidentes municipales de Quechultenango, Colotlipa, Tixtla, Chilpancingo, Tierra Colorada, Chilapa de Alvarez, Atlixtac,
Zitlala, Acatepec, Ayutla de Los Libres, Tecoanapa y que tienen controlados los policías municipales, ministeriales, estatales, Ejército, Marina y Guardia Nacional, así como funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, cual sea el color del partido.
Cinco años después, seguimos sin justicia. La Fiscalía del Estado no ha investigado adecuadamente este crimen ni ha detenido a los responsables, a pesar de que conocen sus identidades y los lugares en los que viven y operan. Los líderes de “Los Ardillos”, Celso Ortega
Jiménez y su hermano Bernardo Ortega Jiménez, siguen libres, mientras la violencia continúa imparable en nuestra región. Balaceras, emboscadas, atentados, asaltos, extorsiones, desapariciones, cobro de piso, trata de personas y tortura son una constante. Las víctimas de este terror incluyen a defensores de derechos humanos, periodistas, transportistas, comerciantes, maestros, estudiantes, mujeres y niños. La droga ya ha invadido también las comunidades de la Montaña Alta, como Cochoapa, Metlatónoc, Tlapa y Olinalá, envenenando a nuestros hijos, mientras la ola de inseguridad sigue arrasando nuestros pueblos.
En la Costa Chica, nuestros hermanos y hermanas afros e indígenas de San Luis Acatlán, Acapulco, Pinotepa Nacional y Marquelia sufren diariamente extorsiones, desapariciones, asesinatos y asaltos perpetrados por otros grupos narco-paramilitares. Los crímenes son
constantes y las autoridades municipales los encubren. Ya no es seguro transitar por la carretera. La presencia de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en la zona es pura simulación, ya que los narco-paramilitares siguen operando libremente, controlando el territorio como si fueran los dueños. Todo esto lo sabemos bien en los pueblos de Guerrero. ¿Hasta cuándo dejaremos que nuestros pueblos sigan siendo aterrorizados por la violencia y la impunidad? ¿Hasta cuándo permitiremos que las autoridades sigan ignorando nuestro sufrimiento?
El ataque del 17 enero de 2020 no solo arrebató diez vidas, sino que dejó a ocho viudas y a 23 niños sin padres. Fue un acto diseñado para sembrar terror, para que dejáramos de organizarnos como pueblos, abandonáramos la defensa de nuestros territorios, nuestros usos y costumbres, nuestro sistema de seguridad propia, y nuestro proyecto de autonomía, para que pudieran saquear nuestros territorios y despojarnos de lo que nuestros antepasados lucharon por preservar. Es por esto que el CIPOG-EZ y la CRAC-PF han sido blanco constante de estos grupos narco-paramilitares. Desde 2015, 63 de nuestros compañeros y
compañeras han sido asesinados y 22 han sido desaparecidos.
Ahora que la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda recorren nuestro estado de Guerrero y hablan de seguridad y justicia en sus ruedas de prensa, les decimos: ¿Cómo pueden hablar de justicia cuando no han resuelto ninguna de las injusticias que hemos sufrido? Más bien, han permitido que el terror y la violencia se expanden en nuestro Estado. Que sepan que nuestra demanda histórica como pueblos indígenas y afrodescendientes no se paga con migajas, discursos y promesas vacías. Con esas migajas no regresan nuestros hijos, padres, madres, hermanos y hermanas que han sido asesinados o desaparecidos. Si quieren hablar de justicia, que lo hagan frente a los niños que quedaron sin padres hace cinco años y que, hasta el día de hoy, siguen esperando que los asesinos enfrenten la justicia. Usted, presidenta, va y viene. Nosotros seguimos viviendo igual, atrapados en esta pesadilla que no cesa.
Recordamos los nombres de nuestros compañeros caídos, que fueron asesinados en este acto de cobardía. Ellos no eran sólo números; eran personas con sueños, hijos, padres, esposos, amigos:
1. José Julio Fiscaleño Hilario, 37 años, agricultor, papá de una niña.
2. Cándido Fiscaleño Hilario, 20 años, agricultor, papá de una niña.
3. Crescenciano Migueleño, 37 años, chofer, con dos hijos.
4. Israel Tolentino Ahuelican, 24 años, chofer, policía comunitario de la CRAC-PF.
5. Israel Mendoza Pasado, 15 años, estudiante, hijo único.
6. Regino Fiscaleño Chautla, 27 años, agricultor.
7. Antonio Mendoza Tolentino, 24 años, electricista, iba a ser papá.
8. Florentino Linares Jiménez, 32 años, sin hijos.
9. Juan Joaquín Ahuejote, 42 años, ingeniero de audio, con cuatro hijos.
10. Marcos Fiscaleño Baltazar, 36 años, agricultor, con seis hijos.
No olvidamos ni una sola vida. Exigimos justicia para nuestros compañeros asesinados en Mexcalcingo y para todas las víctimas de la violencia en nuestro estado. La confianza en el gobierno se ha perdido; ya no creemos en sus promesas ni en su capacidad de protegernos.
Exigimos que la Fiscalía del Estado cumpla con su responsabilidad y procese a los culpables, tanto materiales como intelectuales, de estos crímenes. Es urgente desmantelar los grupos narco-paramilitares en Guerrero y en todo el país. Si las autoridades no pueden cumplir con sdeber, que renuncien, porque ya no toleramos más mentiras, complicidad e impunidad. Buscar justicia es buscar la verdad, y si el gobierno sigue negándose a hacer su trabajo, nosotros, los pueblos dignos que no nos vendemos, tomaremos acción para buscar una solución de justicia y paz para nuestros pueblos.
Hacemos directamente responsable a la Presidenta Claudia Sheinbaum y a la Gobernadora del Estado de Guerrero Evelyn Salgado por cualquier atentado contra los integrantes de las comunidades que conforman el CIPOG-EZ y la CRAC-PF y por toda la violencia que está pasando en Guerrero ya que se niegan a tener un diálogo con nuestros pueblos y ocultan la inseguridad que vivimos Por más de 500 años, desde los Yopes, Vicente Guerrero, y aquellos que lucharon junto a Emiliano Zapata, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez y tantos otros, nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes de Guerrero han resistido la opresión, el despojo y la violencia sistemática.
Nuestros antepasados nos enseñaron que no nos vamos a rendir, no nos vamos a vender ni a claudicar. Seguimos de pie, con dignidad, organizados a través de nuestras asambleas, porque sabemos que la justicia no llegará desde arriba con palabras vacías, sino desde abajo, con la acción de personas como nosotros, unidos y organizados.
ATENTAMENTE
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ